Algunas oposiciones y empleos interesantes relacionados con el Derecho

Buenas noches de nuevo a todos y a todas:

En este post me gustaría hablar sobre algunas salidas profesionales a tener en cuenta una vez que salimos de la carrera de Derecho:

  • Jueces y Fiscales: opción clásica. Al tener una media de aprobado situada en los 4 o 5 años de estudio, se trata de una auténtica carrera de fondo. El acceso a ambos oficios se obtiene a través de la misma oposición, la cual consta de un examen tipo test y dos exposiciones orales de varios temas del programa (320 temas).
  • Abogacía: normalmente requiere una pasantía previa en despacho de abogados de 1 o 2 años, si se quieren tener posibilidades reales de empleabilidad.
  • Carrera diplomática: conocimiento de varios idiomas y de un programa sumamente transversal (economía, política, derecho, historia…) es principalmente lo que requiere esta oposición hecha a medida de aquellos funcionarios públicos más internacionales.

El mapeado de las oposiciones en España nos muestra una realidad que se mueve a varios niveles administrativos. Es por ello que existen una gran cantidad de instituciones que requieren de plazas, como es el caso de las Diputaciones Provinciales o Consejos Consultivos.

Sea como fuere, la necesidad de estar actualizados y de competir al máximo nivel es una constante lejos de las aulas de Derecho. Se trata el profesional, de un camino mucho más espinoso que el de antaño cuando eres alumno. Así que ¡Suerte! Cualquier meta conseguida merecerá la pena.

 

Algunas oposiciones y empleos interesantes relacionados con el Derecho

Sobre la filosofía penal

Buenas tardes a tod@s:

Retomado este, mi blog sobre Derecho y asuntos de configuración jurídica de una sociedad, -como es en la que me encuentro, la española- me enorgullezco en abrir el siguiente post sobre Derecho Penal y teoría del mismo.

Hablar de sensibilidad, pena y delito es lo mismo. Se trata de hechos y consecuencias sobre los que la población sufre especialmente. Lo sepamos o no, existen distintas teorías que categorizan el fin que se persigue con el hecho de internar a un individuo en prisión por la comisión u omisión en relación a un hecho delictivo. Así, nos encontramos con los superados modelos retributivos de siglos anteriores, que entendían la pena como un castigo al reo, como reacción equitativa y consustancial al hecho de que el individuo había quebrado la confianza de la sociedad, y por lo tanto, merecía simplemente un castigo adecuado (y, muy a menudo, desproporcionado) al delito cometido.

En un segundo orden de modelos, encontramos el de la prevención general positiva y negativa, más actual y de encaje (aunque afortunadamente, no en la doctrina y dogmática) en ordenamientos jurídicos actuales y democráticos, que desde un modo de entender jurídicamente sensible es una inspiración poco acertada e ineficaz. Ocupándonos de la negativa, se trata de castigar un delito de una manera especialmente represiva con el fin de avisar o advertir a la población de que no delinca. Se trataría pues, de un pretendido efecto de precaución que se ha demostrado incapaz de frenar los índices de delincuencia, cuando de lo que se trata en realidad es de legislar de una manera populista y convenida en función de hechos especialmente dolorosos que estén ocurriendo en ese momento en el Estado. Hechos violentos, que nadie queremos, pero que han llegado a motivar por parte del Gobierno reformas de su Código Penal, que no olvidemos, afectan a toda la población.

Analizaremos en último lugar, la teoría que considero que más se ajusta plenamente a un ordenamiento jurídico democrático, de altos valores sostenidos en la generosidad, en la solidaridad y en aquellos otros que especialmente se plasmen como dignos de protección y promoción por parte de cada país. Así hablo del modelo de prevención especial, que centra su atención en el sujeto e intenta resocializarlo, para que no vuelva a delinquir en el futuro. De enorme dificultad y esfuerzo en recursos por parte del Estado, también se ocupa de individuos especialmente peligrosos (sobre los cuales siempre se cierne la sospecha de imposibilidad de reinserción).

Desde luego, en mi opinión, nunca debe de añadirse al mal del delito y de su pena, el mal de la venganza ni de la destrucción física del individuo. En este sentido, la Unión Europea ya sentó como condición inexcusable para formar parte de ella, el abolirla. Es en este estado de cosas en el que debe hacerse un esfuerzo capital en educación de la persona desde su más temprana infancia, y en prevención del delito como pedagogia social. Esto no quitaría, como se critica desde ciertos sectores, que el Estado invierta en seguridad y fuese eficaz y cortante con la acción criminal. Ya una vez el reo hubiese sido procesado e internado en prisión, se activaría este tercer modelo que hemos mencionado (que en realidad va en sintonía con una actuación integral desde el inicio de la investigación), quedando siempre a resguardo los más elementales y positivos valores de una sociedad moderna y democrática. Pero al final, como todo en la vida, es un esfuerzo de tod@s como ciudadan@s, el posibilitar una convivencia lo más pacífica posible.

Sobre la filosofía penal

Las dos vías para un sólo país (II)

Muy buenas tardes queridos lectores:

Continuando con la publicación anterior, en la que hablaba de la cuestión territorial española, queremos terminar por perfilar una serie de puntos. El primero de ellos sigue la estela de donde nos quedamos; ¿Qué modelo de Estado tenemos? ¿Podemos entonces a todas luces considerarlo federal, o no?

Pues bien, no lo es en puridad. Consciente de lo que muchos constitucionalistas ya reclaman, sigue faltando una distribución homogénea de las competencias entre todas las Comunidades Autónomas, que por otra parte, ni la propia Constitución exige. Y ello porque disponemos de otros dos artículos que es deber recordar: el 148, y el 149.

En el 148, quedan recogidas las competencias que las CCAA podrán atribuirse para sí. Esto es, no existe una obligación para las mismas de asumirlas; podrán hacerlo, pero no hay obligación alguna de que las asuman. Se trata de una larga lista de materias, las cuales las CCAA (dependiendo de cual) han pasado a atribuirse, no atribuírselas en absoluto, o compartirlas en su gestión con el Estado.

De otro lado, mencionar el artículo 149, que trata acerca de las competencias exclusivas del Estado. Son irrenunciables por parte del ente central, aunque no todas se ejercitan en el mismo grado de extensión. Por poner algunos ejemplos, estas pueden ser la ordenación del régimen jurídico básico de las Administraciones Públicas, y la legislación de Derecho Civil o Mercantil.

Hasta este punto, hemos hablado de un concepto clave: la asimetría. La asimetría competencial, y por lo tanto, del desequilibrio competencial, a pesar de que ya apuntamos que actualmente el número de competencias asumidas entre todas las CCAA es bastante similar. Con todo, lo cierto es que no existe un Estado Federal perfectamente cerrado ni una lista de competencias cerradas que <<per se>> asuman todas las autonomías por igual. Así, si los constitucionalistas propusieran reformar el “podrán” del 148 por el “asumirán”, estaríamos afinando afirmativamente la idea de un modelo cerrado y maduro de Estado, llámese éste federal o cual fuera; y digo federal porque es al que hoy en día más se acerca.

Las dos vías para un sólo país (II)

Las dos vías para un sólo país (I)

Y no, no tiene ninguna relación este título con la cuestión soberanista que nos acucia en estos días. Con lo que sí guarda proximidad es con aquello que generaciones atrás se previó en la Constitución Española de 1978, en concreto, dos artículos de especial trascendencia.

Ya conocemos los preceptos: el 143 y el 151. Ellos recogían una doble entrada, para las regiones que así lo quisieran, de pasar a formar parte del mapa autonómico estatal. Como también ya sabemos, el 143 estaba indicado para las llamadas a ser Comunidades Autónomas de segundo grado, y el 151 para las de primer grado. Los procedimientos eran distintos (de mayor dificultad para las del 151), y en todo caso se dirimirían por medio de sufragio.

¿Qué determinaba que unas accedieran a la autonomía por una vía y otras por otra? La llamada cuestión de la “nacionalidad histórica”. Esta condición quedaba únicamente reservada para aquellas regiones que en el pasado hubieran confeccionado un Estatuto de Autonomía, o al menos, haber celebrado un plebiscito para ello. Así, fueron Galicia, País Vasco y Cataluña. A esta vía, en un fuerte impulso autonomista, también quiso acceder Andalucía. En un principio, a estas CCAA se les reservaba un mayor techo competencial, pero con el peso de las décadas, hemos visto como la delegación de competencias se ha ido homogeneizando entre las CCAA de primer grado y las de segundo.

Pues bien, ¿Qué modelo de Estado dibuja este estado de las cosas? Desde luego, y sin riesgo de equivocarnos, la de un Estado cuasi federal. Efectivamente, el nivel de descentralización es tal que éste es el modelo que muchos constitucionalistas reclaman que así sea plasmado y asumido finalmente en la Carta Magna.

Dicho todo lo anterior, hemos de tener en cuenta que el Estado español se basa en el principio de soberanía nacional (1.2 CE), y que el nacimiento del actual Estado social y democrático de Derecho no se basa en un pacto social entre instancias históricas anteriores. El régimen del 78 se basa fundamentalmente en un acuerdo constituyente, por el que surge un nuevo Estado: el Estado de las autonomías. Por lo tanto, las regiones anteriores no acuerdan federarse, sino que surgen nuevos entes (las Comunidades Autónomas) a los que la Constitución Española dota de autogobierno.

Las dos vías para un sólo país (I)

La Justicia Constitucional

Buenas tardes a todos los lectores,

Comienzo este blog que vengo a presentar, “Saber Jurídico”, con un post de extrema importancia, como no es otro que el de la justicia constitucional.

¿Qué es esto de la justicia constitucional? Todos sabemos que el Tribunal Constitucional ejerce como una suerte de legislador negativo, que no ostenta una potestad jurisdiccional al uso, y que por lo tanto, no se encuadra dentro del Poder Judicial del Estado. Más al contrario, podríamos decir que este alto tribunal expulsa normas del ordenamiento jurídico, y por ello su posicionamiento a medio caballo entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo (en el primero porque viene a entender de procesos constitucionales, y en el segundo, porque efectúa esta potestad de expulsar normativa, no de crearla; a estos efectos, existe el Congreso de los Diputados).

Pues bien, disponemos de varios instrumentos que pueden accionarse ante el Tribunal Constitucional, tales son: el Recurso de Amparo, el Recurso de Inconstitucionalidad, la Cuestión de Inconstitucionalidad, el Conflicto en Defensa de la Autonomía Local, el Conflicto de Competencias. No nos detendremos a hablar de cada uno de ellos; sólo a titulo informativo cabe reseñar que son figuras de largo recorrido y diferente temática que los demás recursos ordinarios y extraordinarios previstos por la Ley. Son de largo recorrido, porque por ejemplo, para que el Recurso de Amparo llegue a ser estudiado por el TC, debe pasar primero por un registro de entrada que es muy exigente con los requisitos de admisibilidad.

La Justicia Constitucional